El informe más reciente de Transparencia Internacional revela que la región de las Américas obtuvo un puntaje promedio de 42 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (IPC), lo que puede afectar la capacidad de estos países para enfrentar el cambio climático.
Según el informe publicado en febrero, la falta de transparencia facilita que el crimen organizado explote los recursos naturales sin considerar el impacto ambiental. Ejemplos citados incluyen la tala ilegal en Ecuador (32), la minería ilegal en Chile (63) y Colombia (39), y el tráfico de vida silvestre en Brasil (34), donde se han identificado 24 casos de fraude, corrupción y lavado de dinero vinculados a esta actividad.
En Perú (31), expertos advierten que las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de 2024 podrían incentivar la deforestación ilegal, respondiendo a intereses particulares.
La sociedad civil y los defensores ambientales desempeñan un papel clave en la lucha contra la corrupción y los delitos ambientales. A pesar de que 25 países latinoamericanos han firmado el Acuerdo de Escazú para proteger a estos activistas, la región sigue siendo la más peligrosa para ellos. En Honduras (22), investigaciones recientes han revelado la participación de empresarios, políticos y grupos del crimen organizado en al menos tres asesinatos de defensores ambientales que habían denunciado esquemas de corrupción.
Uruguay (76) destaca por sus instituciones sólidas, su transparencia en la gestión de datos ambientales y sus mecanismos efectivos de participación ciudadana. En Centroamérica, Guatemala (25) ha mejorado dos puntos tras años de retroceso, gracias a la apertura de canales de participación ciudadana y la digitalización de funciones públicas para reducir la corrupción. República Dominicana (36) también ha implementado medidas similares, logrando un aumento de seis puntos en los últimos cuatro años.
Sin embargo, ambos países aún enfrentan desafíos significativos para combatir la impunidad. Guatemala necesita fortalecer la independencia de su Poder Judicial y del Ministerio Público, mientras que en República Dominicana es urgente acelerar las investigaciones de corrupción para evitar que se archiven por vencimiento de plazos.
En Guyana (39), la captura del Estado por parte de las élites políticas y económicas ha favorecido la malversación de recursos, el enriquecimiento ilícito y los delitos ambientales. A pesar de la creación de leyes e instituciones anticorrupción, la transparencia y la aplicación de la ley siguen siendo deficientes, y los ataques contra activistas, periodistas y voces críticas van en aumento.
Mapas de Transparencia Internacional, sobre Índice de Corrupción.
Es momento de actuar
La corrupción está estrechamente ligada a uno de los mayores desafíos de la humanidad: el cambio climático. A nivel global, muchas personas sufren las consecuencias del calentamiento global porque los fondos destinados a reducir emisiones y proteger a las poblaciones vulnerables son desviados o mal utilizados. Al mismo tiempo, la corrupción influye en la formulación de políticas ambientales, impidiendo acciones efectivas para mitigar la crisis climática.
Las naciones con altos puntajes en el IPC tienen el poder y los recursos para impulsar estrategias anticorrupción en la lucha climática, pero en muchos casos priorizan los intereses de las empresas de combustibles fósiles. Además, algunos de estos países albergan centros financieros que atraen fondos ilícitos provenientes de la corrupción, la destrucción ambiental y otros delitos. Aunque el IPC no mide este aspecto, el dinero sucio representa un grave problema con impactos que trascienden fronteras.
De acuerdo con el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, la corrupción es una amenaza global en constante evolución que no solo frena el desarrollo, sino que también socava la democracia, la estabilidad y los derechos humanos.
