Cuando pensamos en la República Dominicana, es común que lo primero que nos venga a la mente sea el paraíso: ritmo, sabor y un país donde el sol, la arena y el mar se combinan para ofrecer experiencias inolvidables a millones de familias dominicanas y viajeros de todo el mundo.
Pero algo en lo que pocas veces pensamos es en las profundidades del mar dominicano y en su importancia crítica.
Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre las profundidades marinas de República Dominicana?
Para Jonathan Delance, director de Conservación del Programa Nacional 30×30 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los ecosistemas marinos dominicanos son “una de las mayores riquezas naturales y estratégicas del país”. Son diversos, están altamente conectados y son fundamentales para la vida nacional.
Desde el punto de vista ecológico, los arrecifes de coral, manglares, praderas marinas, dunas, playas, zonas pelágicas y ecosistemas de aguas profundas sostienen la biodiversidad. Desde una perspectiva económica y social, constituyen la base del turismo, la pesca y la protección costera.
Delance señaló que en el país se han realizado investigaciones relevantes, pero que, a pesar de estos avances, todavía existe poca información sobre el tema. Confirmó que parte de los estudios disponibles sobre las aguas profundas dominicanas se ha enfocado en aspectos geofísicos, geoquímicos o geológicos, más que en los ecológicos. Esto se debe, en gran medida, a que investigar las profundidades marinas es costoso, complejo y requiere tecnología especializada, como vehículos operados remotamente, equipos acústicos, cámaras de aguas profundas y capacidades taxonómicas altamente especializadas.
Precisamente debido a estas limitaciones, durante mucho tiempo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas careció de una representación clara de los ecosistemas profundos y de sus geomorfologías submarinas. Añadió que esta brecha comenzó a cerrarse con la inclusión de la Cordillera Submarina de Beata como objeto de conservación dentro del Santuario Marino Orlando Jorge Mera, lo que representa un avance relevante para el país.
Como parte de la base científica de este proceso, Delance explicó que el informe técnico sobre fauna de aguas profundas documentó investigaciones realizadas entre 900 y 4,200 metros de profundidad, en las que se registraron 1,855 observaciones biológicas y 3,294 organismos. Uno de los hallazgos más interesantes fueron 148 morfoespecies, definidas en el libro Marine Biodiversity como un “grupo de especímenes que puede distinguirse de otros sobre la base de características morfológicas”. Entre ellas se identificaron poríferos, cnidarios, equinodermos, cordados, artrópodos, anélidos, moluscos y otros organismos aún no determinados.
Además, el experto dominicano agregó que durante la expedición de fauna pelágica realizada en 2024 se recorrieron 2,771 kilómetros y se identificaron seis especies de cetáceos, 15 especies de aves, así como tiburones y rutas de tortugas. El análisis de ADN ambiental permitió identificar especies, más de 400 morfoespecies, a lo largo de toda la cadena alimentaria, demostrando la salud y complejidad de este espacio.
Delance afirmó que, a pesar de estos avances, todavía persisten importantes vacíos de información: “necesitamos más información sobre la identificación taxonómica a nivel de especie, la conectividad genética, la dinámica oceanográfica, la distribución estacional, los impactos acumulativos, la biogeografía de las especies de aguas profundas y la respuesta de estos ecosistemas a las perturbaciones submarinas, el cambio climático y otras presiones”.
¿Qué es la minería submarina?
De acuerdo con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), la minería submarina se refiere a la extracción de recursos minerales de depósitos ubicados en el lecho marino profundo, que generalmente se encuentran entre 400 metros y 6.5 kilómetros por debajo de la superficie del océano.
Hay tres tipos principales de depósitos minerales: los nódulos polimetálicos, los sulfuros polimetálicos y las costras ferromanganésicas ricas en cobalto.
Los nódulos polimetálicos fueron descubiertos el 7 de marzo de 1873 durante la expedición Challenger. Los científicos los describieron como “varios cuerpos ovalados negros peculiares, compuestos casi en su totalidad por óxido de manganeso”. La ISA señala que los nódulos polimetálicos están compuestos por manganeso (Mn), hierro (Fe), silicatos e hidróxidos. Pueden tener desde el tamaño de micronódulos hasta más de 20 centímetros y se encuentran principalmente frente a la costa occidental de México, en el Pacífico —una zona conocida como la Zona de Fractura Clarion-Clipperton—, así como en la Cuenca Central del océano Índico y la cuenca del Perú. Aunque también pueden encontrarse nódulos polimetálicos en lagos, aquellos con mayor relevancia económica se localizan a profundidades de entre 4,000 y 6,000 metros, en áreas con tasas de sedimentación extremadamente bajas.
Los sulfuros polimetálicos fueron descubiertos por primera vez en 1948, durante la expedición oceanográfica sueca Albatross en el mar Rojo. Posteriormente, en 1963 y 1966, los científicos también encontraron lodos metalíferos y salmueras en el sistema de la falla del mar Rojo. Estos depósitos contienen grandes cantidades de cobre, zinc, plomo, hierro, plata y oro.
Las costras ferromanganésicas ricas en cobalto se encuentran a profundidades que van desde menos de 400 metros hasta más de 5,000 metros, principalmente en zonas con una intensa actividad volcánica. En términos generales, estas costras tienen una composición similar a la de los nódulos polimetálicos. Sin embargo, están despertando el interés de las empresas mineras debido a que pueden contener cantidades relativamente altas de cobalto (hasta un 2 %), además de platino, elementos de tierras raras, níquel y manganeso.
¿Pero cuáles son las principales zonas de interés y quiénes tienen contratos de exploración?
La ISA identifica en su sitio web que ha “suscrito contratos de 15 años para la exploración de nódulos polimetálicos (PMN), sulfuros polimetálicos (PMS) y costras ferromanganésicas ricas en cobalto (CFC) en los fondos marinos profundos con 22 contratistas”.
Hasta 2025, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos había otorgado 32 contratos de exploración a 22 contratistas en distintas zonas de los fondos marinos profundos. La mayoría de estos contratos corresponden a la exploración de nódulos polimetálicos, los depósitos minerales que se encuentran en zonas como la Zona Clarion-Clipperton. Los contratos restantes se distribuyen entre los sulfuros polimetálicos (8) y las costras ferromanganésicas ricas en cobalto (5).
Entre los contratistas se encuentran gobiernos nacionales, como los de Corea del Sur, India, Polonia y Rusia, además de institutos de investigación y empresas privadas. Un pequeño grupo, entre ellos Corea del Sur, India y la Asociación China de Investigación y Desarrollo de Recursos Minerales Oceánicos, posee contratos para más de un tipo de depósito, mientras que la mayoría cuenta con un único contrato de exploración.
Exploration Contracts, International Seabed Authority
La posición de la República Dominicana ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) sobre la minería submarina
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), abierta a la firma en Montego Bay en 1982 y en vigor desde 1994, establece el marco jurídico general que regula los espacios oceánicos, la investigación científica marina y la protección del medioambiente. Un componente central de la Convención es la definición de «la Zona», que comprende los fondos marinos y oceánicos situados más allá de los límites de la jurisdicción nacional. La CONVEMAR establece que la Zona y sus recursos son «patrimonio común de la humanidad» y creó la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) para administrar estos recursos y regular su exploración y eventual explotación.
Entre 2020 y 2025, la República Dominicana tuvo una participación activa en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), una organización internacional autónoma establecida en virtud de la CONVEMAR y del Acuerdo de 1994, que mantiene una relación formal con las Naciones Unidas y tiene su sede en Kingston, Jamaica.
Durante la Asamblea de la ISA (ISBA28), celebrada en julio de 2023, Edward Pérez Reyes, quien entonces era el representante permanente de la República Dominicana ante la organización, presentó la posición del país sobre la minería submarina. Aunque en esa ocasión reconoció la importancia de estos minerales para la transición energética, la República Dominicana abogó por una pausa precautoria hasta que exista un marco jurídico sólido y suficiente evidencia científica que permita garantizar la protección de los ecosistemas marinos.
Además, propuso promover alternativas sostenibles, la economía circular y el reciclaje, así como garantizar una distribución equitativa de los beneficios y fortalecer la gestión de los recursos marinos.
“La República Dominicana nunca estuvo en contra de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ni del proceso establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Todo lo contrario. Siempre entendimos que el esfuerzo de la comunidad internacional por regular la exploración y eventual explotación de los fondos marinos era un ejercicio legítimo. Antes de que existiera ese marco jurídico, existía el riesgo de que los países con capacidad tecnológica para hacerlo actuaran por su cuenta. La Convención surgió precisamente para evitar eso y establecer reglas comunes para todos. Por tanto, la discusión era sobre otra cosa. La pregunta era si la comunidad internacional ya estaba en condiciones de pasar de la exploración a la explotación comercial. Nuestra impresión era que todavía no”, explicó Pérez Reyes, actual embajador de la República Dominicana en Japón.
En una entrevista con Raíz Climática, señaló que la posición de la República Dominicana nunca fue detener el proceso, sino permitir que la ciencia continuara avanzando y que la Autoridad terminara de construir el marco regulatorio que la propia Convención le había encomendado desarrollar.
Asimismo, indicó que esta posición fue el resultado de un proceso de reflexión interinstitucional en el que participaron el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR), la Dirección de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Política Multilateral y la Misión Permanente ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Cada institución aportó desde su ámbito de competencia y, naturalmente, el Ministerio de Medio Ambiente desempeñó un papel muy importante debido a la naturaleza de las discusiones.
Pérez Reyes resumió su experiencia con una frase que atraviesa todo el debate: “Cada vez que conocíamos una nueva investigación, terminábamos pensando que todavía había mucho más por conocer. Y eso nos llevaba nuevamente a la misma reflexión: teníamos que seguir investigando antes de tomar una decisión de semejante trascendencia. Esa sensación me acompañó prácticamente durante todo el tiempo que estuve en la Autoridad”, afirmó el diplomático, quien se desempeñó en dos ocasiones como vicepresidente de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).
“Si hoy tuviera que participar nuevamente en ese proceso, comenzaría exactamente de la misma manera. Volvería a escuchar a las instituciones técnicas del Estado, revisaría toda la evidencia científica disponible y, a partir de ese ejercicio de reflexión, construiríamos la posición que mejor respondiera al interés nacional. Los principios que guiaron aquella posición todavía me parecen válidos. Lo que siempre puede cambiar es la información sobre la cual se toman las decisiones. Si la ciencia aporta nuevos elementos, un Estado responsable tiene que analizarlos”, agregó Pérez Reyes.
Para Jonathan Delance, la exploración científica de las profundidades marinas es necesaria para comprender mejor estos ecosistemas antes de considerar cualquier forma de aprovechamiento. A su juicio, la República Dominicana todavía carece de información clave, como líneas base de biodiversidad, mapas batimétricos y geomorfológicos, datos sobre especies vulnerables, conectividad ecológica, procesos oceanográficos, riesgos ambientales y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas.
Por ello, considera que la posición dominicana a favor de una pausa precautoria frente a la minería submarina responde a la necesidad de generar primero suficiente evidencia científica que permita planificar, regular y proteger adecuadamente estos espacios.
Delance advirtió que, si los ecosistemas de aguas profundas no son protegidos, la República Dominicana y el Caribe podrían perder biodiversidad aún desconocida, recursos genéticos con potencial valor científico, corredores migratorios y hábitats esenciales para especies amenazadas. En este sentido, sostuvo que el país debe avanzar hacia una planificación espacial marina que permita equilibrar la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas estratégicos.
Organizaciones ambientales dominicanas expresan su oposición
La Fundación Ecológica Maguá, una organización dedicada a la conservación del medioambiente, la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, rechaza categóricamente la minería submarina en la República Dominicana y advierte que sus impactos podrían ser graves e irreversibles.
Su presidente, Manuel Alejandro Rodríguez, señaló que la minería submarina representa una amenaza significativa para los ecosistemas marinos, cuya riqueza biológica y valor ecológico son fundamentales para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
La organización advirtió que esta actividad podría provocar: destrucción del hábitat, pérdida de especies, contaminación y alteración de los procesos ecológicos, así como daños ambientales potencialmente irreversibles, como la posible liberación de metales y otras sustancias contaminantes en el medio marino.
“En una nación insular como la República Dominicana, cuyos mares albergan una biodiversidad extraordinaria y son esenciales para actividades como la pesca, el turismo, la investigación científica y la protección de las comunidades costeras, los riesgos asociados a la minería de aguas profundas superan con creces cualquier posible beneficio económico”, subrayó.
La Fundación también reafirmó el principio de precaución como un pilar fundamental de la gestión ambiental. “Mientras persistan las incertidumbres científicas sobre las consecuencias de esta actividad y no existan garantías de que pueda llevarse a cabo sin causar daños irreparables, es esencial priorizar la conservación de nuestros ecosistemas marinos”.
Por último, la Fundación hace un llamamiento a las autoridades, al sector privado, a la comunidad científica y a la sociedad en general para que refuercen la protección de nuestros océanos, promuevan políticas públicas basadas en la mejor evidencia científica disponible y se comprometan con modelos de desarrollo verdaderamente sostenibles.
Asimismo, Sixto Inchaustegui, presidente del Grupo Jaragua, otra ONG de la República Dominicana dedicada a la gestión sostenible de la biodiversidad, señaló que el país desconoce dónde podrían llevarse a cabo actividades de minería de aguas profundas frente a sus costas. No obstante, sostiene que la plataforma continental de la República Dominicana es muy estrecha y que el país depende en gran medida de los servicios ecosistémicos marinos y costeros, tales como el turismo, la pesca y la protección frente a huracanes. Estos ecosistemas ya se encuentran gravemente amenazados y degradados debido a cambios en el uso del suelo, la pérdida de manglares, la erosión, la sobrepesca, la mortalidad de corales, la contaminación y otras presiones, todo ello agravado por el cambio climático.
Por estas razones, el Grupo Jaragua no respalda la minería de aguas profundas.
Nueva representante ante la ISA
El 14 de julio, la embajadora Nancy Patricia Franjul Pérez presentó sus cartas credenciales como nueva representante permanente de la República Dominicana ante la ISA durante una ceremonia en la que fue recibida por la secretaria general, Leticia Carvalho, en la sede del organismo en Kingston, Jamaica. La nueva representante permanente aporta a su cargo más de 20 años de experiencia en el servicio público y la diplomacia.
Durante la ceremonia, Franjul Pérez reafirmó el compromiso de la República Dominicana con las negociaciones en curso para desarrollar un marco normativo sólido, transparente y basado en la ciencia sobre la explotación de recursos minerales en la Zona. Asimismo, destacó que la República Dominicana reconoce el papel fundamental de la ISA en un momento en que la comunidad internacional busca equilibrar la seguridad en el suministro de recursos, la protección del medio marino, el desarrollo tecnológico y la distribución equitativa de los beneficios.
Al aceptar las credenciales, la Secretaria General de la ISA, Leticia Carvalho, reconoció que la República Dominicana ha mantenido una “trayectoria sólida y constante de colaboración con la ISA”, incluso mediante la contribución de Juan Luis González Minaya, quien actualmente forma parte de la Comisión Jurídica y Técnica, así como a través de la participación de ciudadanos dominicanos en los programas de desarrollo de capacidades de la ISA.
En un comunicado de prensa publicado en el portal de la ISA, la Secretaria General expresó su interés en continuar el diálogo con la República Dominicana, “incluyendo lo relativo al proyecto de reglamento de explotación y a la labor más amplia de la Autoridad, en un espíritu de transparencia, responsabilidad ambiental y respeto” por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El futuro de la protección marina en la República Dominicana
En 2024, la República Dominicana se convirtió en el primer país del Caribe en superar una de las metas del compromiso ambiental global conocido como 30×30, al proteger el 30,8 % de sus aguas.
Sin embargo, el desafío actual no consiste únicamente en declarar nuevas áreas protegidas, sino en garantizar una gestión eficaz de las mismas, explicó Delance. Actualmente, más del 90 % de la superficie marina protegida cuenta con planes de manejo, una herramienta fundamental para orientar la conservación, regular los usos permitidos, monitorear los ecosistemas y apoyar la toma de decisiones en estas áreas.
De cara al futuro, los esfuerzos deben centrarse en: avanzar hacia una protección efectiva mediante el fortalecimiento del monitoreo y la vigilancia tecnológica, la regulación del tráfico marítimo, el desarrollo de capacidades científicas nacionales y el fomento de la investigación sobre los ecosistemas de aguas profundas.
La República Dominicana participará junto a Colombia en una misión científica del programa inaugural de REV Ocean, el buque de investigación oceanográfica más grande del mundo. El Ministerio de Medio Ambiente dominicano informa que dicho programa llevará a cabo la misión en la Dorsal de Beata en 2027, centrada en los ecosistemas de aguas profundas, la biodiversidad y la conectividad ecológica.
La expedición permitirá estudiar los ecosistemas profundos de la Dorsal Submarina de Beata, generar información sobre su biodiversidad y conectividad ecológica, y evaluar las amenazas potenciales para fortalecer la conservación y la gestión de los océanos.
Asimismo, el país iniciará un proceso de ordenamiento espacial marino que abarcará tanto áreas protegidas como no protegidas, lo que permitirá una mejor organización de los usos del océano y respaldará la toma de decisiones basada en evidencia científica.
