Por: Marianne Li Herrera, especialista en gestión de proyectos de finanzas climáticas
Aunque la arquitectura del financiamiento climático internacional se ha multiplicado en fondos, ventanas y promesas, los países más vulnerables ante efectos relacionados con el cambio climático, como la República Dominicana, continúan enfrentando un sistema que es lento y fragmentado. El sistema internacional tiene fallas estructurales muy profundas, pero la capacidad institucional de muchos países también limita la velocidad y calidad del acceso al financiamiento. Esta combinación de estructuras globales rígidas y capacidades nacionales limitadas ha creado un círculo vicioso que impide que los recursos lleguen donde más se necesitan.
Fallas estructurales del sistema actual
La arquitectura global del financiamiento climático es, ante todo, un rompecabezas que parece diseñado para no encajar y sin una lógica de integración funcional. Los mecanismos creados bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo de Adaptación y el aún inoperante Fondo de Pérdidas y Daños, junto con las instituciones financieras multilaterales, operan bajo reglas, criterios y procedimientos que rara vez dialogan entre sí. A ello se suma un creciente universo de mecanismos fuera de la Convención, incluyendo fondos bilaterales, iniciativas voluntarias, bancos regionales y plataformas con marcos propios.
Cada uno dicta sus propias métricas, requisitos y metodologías, profundizando la fragmentación y dificultando cualquier intento de armonizar estándares o construir una visión coherente del sistema. El resultado es doble: se duplican esfuerzos y se genera competencia entre mecanismos en la búsqueda de mayor volumen ejecutado; además, se torna estructuralmente difícil contabilizar con transparencia los flujos reales de financiamiento climático.
A esto se suma una burocracia desproporcionada. Acceder a los fondos climáticos implica atravesar procesos de acreditación que pueden extenderse durante años, cumplir estándares fiduciarios concebidos para bancos internacionales y enfrentar formularios que demandan equipos técnicos altamente especializados. En teoría, estas exigencias buscan asegurar buena gobernanza, integridad fiduciaria y salvaguardas ambientales y sociales. En la práctica, se han convertido en una de las barreras más grandes, lentas y costosas para los países en desarrollo.
Más allá de estas trabas procedimentales, a esta fragmentación enfrenta otra debilidad estructural: la incapacidad del sistema para movilizar capital a la escala necesaria. El blended finance, pensado originalmente para atraer inversión privada mediante un uso inteligente del riesgo público, no ha logrado despegar porque opera sin una dirección estratégica común y con incentivos poco alineados. En muchos casos, termina absorbiendo riesgos que deberían ser compartidos o gestionados por actores privados, sin generar la movilización esperada.
Para que este instrumento cumpla su propósito, se necesitan reglas claras de transparencia, límites al riesgo público y métricas rigurosas de apalancamiento real, donde el capital privado realmente puede escalar, reducir las fricciones de entrada y orientar los instrumentos públicos hacia donde tienen mayor capacidad de catalizar inversión.
La contabilidad climática agrega otra capa de distorsión. Varios países desarrollados reportan como financiamiento climático préstamos que en la práctica benefician más a sus instituciones financieras que a los receptores. Oxfam (2022) estima que el financiamiento climático real disponible es casi la mitad de lo que se reporta oficialmente, ya que la mayoría de los fondos se otorgan en forma de deudas que aumentan la vulnerabilidad fiscal de los países en desarrollo.
Es la trampa de la deuda climática: mientras más fondos llegan en forma de préstamos costosos, más dependen los países de esquemas financieros que refuerzan su fragilidad en vez de corregirla. Datos recientes del Índice de Financiamiento Sostenible de GFLAC (2024) confirman esta tendencia: en América Latina, más del 70% del financiamiento etiquetado como “climático” implica obligaciones de pago que erosionan la sostenibilidad fiscal y desplazan inversiones domésticas urgentes en adaptación. En 2025, el Fondo de Adaptación, clave para la República Dominicana, falló en su meta de recaudar USD 300 millones anuales por segundo año consecutivo. Aun así, en la COP30, acordó triplicar su tamaño y fijar una meta de 120 billones de dólares anuales (World Economic Forum, 2025) para el año 2035. El contraste es evidente: un sistema que promete mucho más de lo que realmente entrega.
Pero reducir esta fragmentación a un problema meramente técnico sería ingenuo. Su origen también es profundamente geopolítico: la arquitectura del financiamiento climático refleja las tensiones históricas entre países desarrollados y países en desarrollo sobre quién debe pagar, cuánto, bajo qué condiciones y con qué grado de control. Los mecanismos se multiplican precisamente porque los donantes buscan mantener autonomía sobre sus recursos, preservar influencia estratégica y evitar ceder poder de decisión a estructuras multilaterales.
A la vez, los países en desarrollo presionan por instrumentos más accesibles y coherentes con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
El resultado es una arquitectura construida a partir de compromisos políticos incompletos, donde cada actor protege su margen de maniobra. Esta lógica explica por qué no existe voluntad real de armonizar estándares o simplificar procedimientos: la complejidad no es un error técnico, sino una expresión de las disputas de poder que han marcado la gobernanza climática desde siempre.
Capacidades nacionales insuficientes: la barrera que también frena el financiamiento
Este círculo vicioso no responde únicamente a las fallas del sistema internacional: también refleja limitaciones internas que persisten en muchos países en desarrollo. La gobernanza del cambio climático suele estar dispersa entre ministerios de ambiente, finanzas, economía, planificación y entidades sectoriales que operan con prioridades y ritmos distintos. La capacidad técnica para formular proyectos bajo estándares multilaterales sigue siendo limitada, lo que se traduce en propuestas que requieren múltiples revisiones.
La alta rotación de personal destruye la memoria institucional y los sistemas de monitoreo y transparencia aún están en proceso de fortalecimiento o construcción. Incluso cuando los proyectos logran aprobación, la implementación avanza con lentitud por cuellos de botella administrativos y desafíos técnicos. Reconocer estas limitaciones internas no equivale a culpar a las víctimas, sino a identificar palancas de cambio que están bajo control nacional. Los países en desarrollo no deben posicionarse como víctimas pasivas de un sistema que no funciona, pueden fortalecer su posición negociadora transformándose en actores estratégicos que exigen reformas internacionales mientras transforman sus propias estructuras.
En este contexto, la complejidad del multilateralismo climático encuentra instituciones nacionales con capacidades desiguales, procedimientos rígidos y una profesionalización técnica todavía incipiente. El resultado es un círculo vicioso en el que los recursos no fluyen con la velocidad necesaria y los proyectos no alcanzan la madurez que se espera de ellos.
La fragmentación internacional genera retrasos y requisitos complejos que los países con capacidades insuficientes no pueden cumplir a tiempo. Al mismo tiempo, esa incapacidad refuerza la percepción de riesgo de los fondos climáticos e instituciones financieras multilaterales, endureciendo aún más los requisitos. Así se perpetúa un sistema que penaliza a quienes más necesitan apoyo.
Por qué urge reformar el sistema
La necesidad de financiamiento climático ya superó por completo la capacidad del sistema actual. Solo en adaptación, las necesidades globales de los países en desarrollo se estiman entre USD 127 y 300 mil millones anuales para el año 2030 (IPCC, 2022, sección B.3.6), cifras que exceden con creces lo que los mecanismos existentes pueden movilizar, aprobar y ejecutar. El desafío no es únicamente conseguir más recursos, sino lograr que se asignen con rapidez y prioridad hacia quienes enfrentan las crisis más profundas.
El sistema, tal como está diseñado, no responde a emergencias. Mientras huracanes, sequías e inundaciones generan impactos inmediatos, los países deben esperar entre 2 y 4 años para acceder a financiamiento internacional significativo. Esta desconexión entre urgencia y burocracia convierte el financiamiento climático en una herramienta desalineada con las necesidades de resiliencia climática.
La necesidad de reforma es evidente: sin cambios estructurales, la arquitectura internacional seguirá fallando por diseño y las instituciones nacionales continuarán reproduciendo limitaciones que frenan el uso efectivo de los recursos. Romper este círculo vicioso exige una transformación simultánea del sistema internacional y de las capacidades domésticas.
No basta con que los fondos globales simplifiquen sus rutas de acceso si los países receptores no fortalecen su capacidad de absorción y ejecución; al igual que no sirve profesionalizar la gestión nacional si la arquitectura internacional continúa priorizando la seguridad procedimental sobre la urgencia climática.
La responsabilidad es compartida: los países donantes deben simplificar, cumplir y aportar más, pero los países receptores deben fortalecer sus instituciones, profesionalizar su gestión y dejar atrás la improvisación. Reformar ambas dimensiones no es un ejercicio técnico, sino una decisión política. Si no se emprende una reforma profunda, tanto a nivel internacional como nacional, el financiamiento climático seguirá siendo más discurso que herramienta efectiva de justicia climática.
Marianne Li Herrera es una especialista en gestión de proyectos con enfoque en financiamiento climático, políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional. Ha liderado procesos técnicos y de acompañamiento estratégico para la acreditación de entidades nacionales ante el Fondo Verde para el Clima (GCF), así como iniciativas orientadas a la creación de empleos verdes y el impulso del emprendimiento sostenible, trabajando de manera articulada con organismos internacionales, entidades gubernamentales y sociedad civil.
Ha formado parte de la delegación dominicana en las Conferencias de las Partes (COP), apoyando procesos de negociación y colaborando con coaliciones de países en temas de justicia climática. Su enfoque se centra en fortalecer las capacidades nacionales para acceder, administrar y ejecutar financiamiento climático de forma eficiente, transparente y orientada a resultados.
REFERENCIAS
World Economic Forum. (2025). What happened at COP30 — and what’s next? https://www.weforum.org/stories/2025/12/what-happened-cop30-whats-next/
Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary for Policymakers. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
GFLAC. (2024). Índice de Financiamiento Sostenible (IFS) 2024. Global Alliance for Sustainable Finance. https://www.sustainablefinance4future.org/_files/ugd/32948d_e0aa94c905c048a0b08c5a8a108c7450.pdf
