Una fuerte controversia ha generado en el país, la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales revisar y actualizar la delimitación del Parque Nacional Jaragua, una medida que, según diversos sectores, podría abrir la puerta a proyectos de desarrollo turístico en la zona protegida.
La resolución ha provocado un amplio rechazo por parte de organizaciones ambientales, comunitarias y sociales, que han reaccionado con críticas públicas, manifestaciones y la interposición de recursos legales en defensa del área.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) declaró su preocupación por la reciente decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que posibilita el cambio de los límites del Parque Nacional Jaragua para propósitos de explotación turística.
El pastor Feliciano Lacen Custodio calificó como una amenaza al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que pone en riesgo los compromisos adquiridos por la República Dominicana ante organismos internacionales como la Unesco.
“El uso de un amparo de cumplimiento para alterar los límites de un área protegida es inaceptable y desconoce el ordenamiento jurídico de nuestro país”, dijo el Pastor Lacen Custodio quien también respalda la postura del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes han pedido al Tribunal Constitucional para anular la sentencia, argumentando que la misma vulnera el marco jurídico nacional.
El representante de CODUE, agregó que el Parque Nacional Jaragua es un pilar esencial dentro de la primera reserva de biósfera del país, reconocido internacionalmente por su contribución a la seguridad hídrica, la estabilidad climática y la salud de las comunidades.
Asimismo, varios sectores han expresado su descontento a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), Num. 0030-1643-2025-SSEN-00786, que ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua.
El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, advirtió que la decisión representa un grave riesgo para la protección del patrimonio ambiental dominicano.
“Las áreas protegidas no son negociables; constituyen una responsabilidad constitucional y moral que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras”, añadió.
Además, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresó su descontento.
”Más allá del fallo jurídico, debemos alertar que esta decisión corre el riesgo de validar históricas pretensiones dirigidas a la apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta. Nos enfrentamos a lo que constituye un entramado sistémico que, a lo largo del tiempo, ha logrado articular a sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras orientadas a distorsionar la realidad documental de estos territorios. Esta persistencia representa hoy la principal amenaza para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y requiere ser frenada con contundencia para evitar la enajenación del patrimonio público”, reseña el comunicado enviado por la coalición.
El Ministerio de Medio Ambiente depositó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional (TC), para revocar una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) la cual ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas, lo que implicaría la exclusión de terrenos de la franja costera del Parque Nacional Jaragua.
