En un contexto global marcado por la crisis climática, la ausencia de la voz ambiental en la política no es una simple omisión: es una herida profunda que impacta a las personas, al planeta y al propio desarrollo humano.
Cuando la naturaleza no está representada en los espacios de toma de decisiones, se abre la puerta a políticas y proyectos que priorizan intereses inmediatos por encima de la sostenibilidad a largo plazo. Esto conduce a la aprobación de iniciativas sin evaluaciones rigurosas de impacto, al debilitamiento de áreas protegidas y al silenciamiento de comunidades que habitan y defienden sus territorios.
La agenda ambiental no es un tema accesorio; atraviesa todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Las ‘5 P’ —Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas (Partnerships)— dependen de un medio ambiente sano. Si el planeta se degrada, las personas pierden salud y bienestar; sin ecosistemas funcionales, se erosiona la base de la prosperidad; cuando la justicia ambiental no es prioridad, la paz se fragmenta; y sin alianzas sólidas entre gobiernos, sociedad civil y sector privado, las soluciones quedan incompletas.
En América Latina y el Caribe, la evidencia es contundente: más del 80% de las áreas degradadas se encuentran en territorios con alta vulnerabilidad social, según la CEPAL. Esto demuestra que la degradación ambiental y la desigualdad son dos caras de la misma moneda. La falta de representación ambiental en la política refuerza este círculo vicioso, perpetuando brechas históricas en el acceso a los recursos y limitando la capacidad de las comunidades para influir en las políticas que les afectan.
La relación entre medio ambiente y desarrollo humano es inseparable. El Índice de Desarrollo Humano —que mide educación, salud e ingresos— solo puede sostenerse si existe un entorno sano que lo respalde. La degradación de los suelos compromete la producción de alimentos; la contaminación del aire y el agua deteriora la salud; y la pérdida de biodiversidad reduce las oportunidades económicas a largo plazo. Por ello, garantizar una voz ambiental en la política no es un lujo: es una condición para un desarrollo justo, inclusivo y sostenible.
El papel de mujeres y jóvenes en este contexto es decisivo. Ambos han encabezado movilizaciones históricas en favor de la justicia climática en la región, aunque muchas de sus propuestas todavía no se reflejan en marcos normativos. Fortalecer sus liderazgos y garantizar su participación en la toma de decisiones es, al mismo tiempo, un acto de justicia generacional y una estrategia clave para impulsar políticas más participativas, transparentes e integrales.
Este compromiso se refuerza en un momento clave para el país: la formulación de la tercera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), un compromiso del Acuerdo de París mediante el cual cada nación define sus metas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer su resiliencia climática. La nueva NDC incorpora elementos transversales que sitúan a las mujeres y a la juventud en el centro de la acción climática, reconociendo que son grupos significativamente afectados por los impactos del cambio climático y actores fundamentales para liderar soluciones innovadoras. Este enfoque busca no solo responder a las vulnerabilidades actuales, sino también garantizar que las estrategias de mitigación y adaptación se diseñen desde la inclusión y la equidad.
La ausencia de representación ambiental en los espacios de decisión limita de forma significativa la capacidad de las políticas públicas para reflejar las realidades y necesidades de los territorios. Sin voces que defiendan activamente los recursos naturales y la justicia ambiental, las decisiones se toman desde una perspectiva parcial, ignorando las interdependencias entre medio ambiente, desarrollo económico y bienestar social. Esta carencia conduce a la aprobación de proyectos con altos costos socioambientales y perpetúa modelos de desarrollo incapaces de responder a los retos del cambio climático.
El medio ambiente habla, aunque muchas veces no lo escuchemos. Se expresa en el murmullo de los ríos, en el susurro del viento, en la fuerza de las olas y en el silencio que deja la pérdida de un bosque. Tiene voz propia, que nos advierte, nos enseña y nos recuerda que nuestra vida está entrelazada con la suya. Ignorarla es condenarnos a repetir los mismos errores; atenderla es elegir un camino de equilibrio, justicia y futuro compartido.
¿Cómo podemos llevar esa voz a donde sea escuchada? Fortaleciendo liderazgos, ocupando espacios de decisión, exigiendo políticas que integren la justicia ambiental y participando activamente en la construcción de soluciones. Porque cuando el medio ambiente tiene un lugar en la política, también lo tienen nuestras comunidades, nuestra salud y nuestro futuro. Y no se trata de elegir entre proteger al planeta o a las personas: proteger la naturaleza es protegernos a nosotros mismos.
Por Juliany Minyety Méndez
Profesional en Ciencias Políticas con maestría en Desarrollo Humano y más diez años de experiencia en organizaciones internacionales, donde ha liderado iniciativas en derechos humanos, cambio climático y desarrollo sostenible, implementando el enfoque de desarrollo de capacidades.
Se especializa en monitoreo, evaluación y aprendizaje, aportando conocimientos técnicos en gestión de proyectos y análisis de políticas públicas.
Ha representado a la República Dominicana como delegada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), participando activamente en los espacios de negociación internacional.
Es miembro de la Red Latinoamericana de Expertos para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas, y actualmente se desempeña como Especialista de Monitoreo y Evaluación para el Programa de Modernización del sector Agua en República Dominicana.
