Reportería desde Tokio y Santo Domingo
Carolina Pichardo / Jesús Gómez
Cuando pensamos en la justicia, solemos imaginar tribunales con casos de corrupción, hurto y homicidio, solo por mencionar algunos ejemplos comunes en nuestra sociedad. Pero poco se toma en cuenta que también se judicializa a quienes talan árboles, contaminan acueductos o comercializan especies en peligro.
Hasta septiembre de este año habían sido llevados a la justicia 118 casos por violación a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, confirmó a Raíz Climática, Jhonnatan Manuel Cabrera, responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial.
Es aquí cuando entra al juego una red en la que al menos tres instituciones, tanto estatales y judiciales, encajan sus funciones dentro de un rompecabezas para perseguir los delitos ambientales que aunque son cada vez más frecuentes, también son más denunciados.
En este trabajo de investigación, detallamos cómo estas tres instituciones, diferentes, pero enlazadas con el común denominador de la protección ambiental, se sumergen para aportar un granito de arena a un problema que afecta a un país cuya conciencia ambiental está cada vez más alerta.
¿Qué es un delito ambiental?
De acuerdo con el artículo 175 de la Ley 64-00 del Ministerio de Medio Ambiente, es quien dañe el sistema nacional de áreas protegidas, corte o destruya árboles en áreas forestales de protección y en zonas frágiles; quien cace, capture o provoque la muerte de especies declaradas en peligro de extinción o protegidas legalmente; quien use explosivos, venenos, trampas u otros instrumentos o artes en contra de especies; quien vierte sustancias tóxicas y peligrosas en cuerpos de agua, las libere al aire o las deposite en sitios no autorizados para ello, o en sitios autorizados sin permiso o clandestinamente.
Pero el Ministerio de Medio Ambiente no trabaja solo en esta lucha: tiene a su cargo a la Línea Verde, el canal principal para la comunicación y denuncia ciudadana de actividades ilícitas que afectan el medio ambiente. En el mismo contexto, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), un cuerpo especializado del Ministerio de Defensa, coordina operativos conjuntos con el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente.
Esta alianza permite actuar con legitimidad, rigor jurídico y respaldo institucional.
Ahora, ¿cuáles son los delitos ambientales más comunes?
El titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, magistrado Francisco Contreras Núñez; el Servicio Nacional de Protección Ambiental y la Línea Verde coincidieron en sus entrevistas que los principales delitos ambientales son la tala de árboles, la pesca y la comercialización de especies en veda y la extracción de materiales sin los permisos debidos son los más frecuentes.
En cinco años y medio (2020 hasta septiembre 2025) se enumeraron 9,350 delitos por tala de árboles y 2,620 por vertederos improvisados y contaminación de aguas, según se detalló en la solicitud firmada por el director de Operaciones del SENPA, Erwin Rommel Vargas González.
Entre 2023 y mediados del actual, el Ministerio de Medio Ambiente incautó 63,613 (unidades no identificadas) de arena, 16,449 sacos de carbón y 416,087 piezas de madera.
En el primer trimestre de este año se incautaron 647 libras de pez loro (cuya comercialización está prohibida), así como 40 libras de otros peces: solo por mencionar algunos casos concretos.
De acuerdo con una respuesta recibida por Raíz Climática hasta el 22 de septiembre, el SENPA encabezó, entre 2020 y mediados de 2025, al menos 165,514 operativos ambientales.
El año con la mayor cantidad fue 2024, que concentró el 22 % del total.
En los primeros seis meses de 2025 se incautaron 1,161 vehículos y encabezaron 10,940 patrullajes de seguridad y control.
Los materiales incautados, como madera, carbón, herramientas o vehículos, son entregados a las autoridades competentes para su evaluación, disposición legal o reutilización en programas institucionales. Todo se documenta con transparencia y apego a la ley.
Pero, ¿dónde son más recurrentes estos delitos ambientales? El magistrado Contreras Núñez agregó que la extracción ilegal de agregados de la corteza terrestre es común en San Cristóbal, Baní, Bonao, Cotuí, La Vega, San Francisco de Macorís (Bajo Yuna), Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santo Domingo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, entre otras.
Mientras que la tala de árboles ocurre frecuentemente en Hato Mayor, El Seibo, Bonao, Azua, San Cristóbal y su municipio Villa Altagracia; Monte Plata, San Francisco de Macorís y Hermanas Mirabal.
En el caso de pesca y comercialización indiscriminada de especies en veda y especies protegidas, enumeró Boca Chica, en la provincia Santo Domingo; San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, Samaná, Puerto Plata y Monte Cristi.
Por construcción de infraestructura, Puerto Plata, Higüey y Samaná; mientras que por contaminación sónica mencionó el gran Santo Domingo, Santiago, Bonao, Baní, San Cristóbal, Higüey, La Romana, entre otras.
Por otro lado, la Línea Verde indicó que la mayor cantidad de denuncias recibidas provienen del Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y Dajabón y La Altagracia.
La Dirección de Participación Social del Ministerio de Medio Ambiente compartió con Raíz Climática que para 2023 la principal denuncia ambiental era por contaminación atmosférica con 664 casos; en 2024 se repitió la tendencia, esta vez con 576 denuncias. Sin embargo, hasta el 15 de octubre de este año, el tipo de ilícito más denunciado a nivel nacional fue la contaminación de residuos sólidos por granjas (pocilgas, pollos), con 308.
Línea Verde atribuye estos datos al crecimiento de actividades agropecuarias no reguladas, especialmente en zonas rurales donde existen crianzas sin sistemas adecuados de manejo de desechos.
También, a la expansión de asentamientos agrícolas y urbanos que ejercen presión sobre áreas boscosas, provocando la tala para uso de suelo o leña y la falta de control de emisiones por parte de talleres, hornos y pequeñas industrias, lo que incrementa las denuncias por contaminación del aire.
Asimismo, “se observa una tendencia sostenida en las denuncias por tala ilegal de árboles y contaminación atmosférica, esta última asociada principalmente al funcionamiento de plantas eléctricas, chimeneas industriales y talleres informales, lo que refleja una mayor sensibilidad ciudadana hacia los temas de deforestación y calidad del aire”, dijo Línea Verde.
¿Qué pasa cuando se hace una denuncia ambiental?
Línea Verde permite a la ciudadanía reportar de manera directa y accesible cualquier delito ambiental, fomentando así su participación en la conservación, protección y mejoramiento del entorno y los recursos naturales.
Como herramienta clave, Línea Verde conecta a la sociedad con el sistema oficial que se encarga de gestionar estos ilícitos, fortaleciendo la colaboración entre ciudadanía y gobierno en la defensa del patrimonio natural de nuestro país.
Estos operadores están desde la sede central, y además tienen enlaces en cada oficina provincial, que se encargan de recibir las denuncias en persona, telefónicas (849-356-6400 o 809-200-6400), por WhatsApp, la Línea Verde Web, así como desde las cuentas de redes sociales de la entidad.
Al recibirlas, el enlace coordina con los técnicos en las oficinas provinciales, quienes son responsables de realizar los levantamientos y dar seguimiento a las denuncias dentro de su respectiva demarcación.
Una denuncia tarda en ser atendida de 10 a 15 días laborables, plazo en el que se realiza la primera visita al lugar de ocurrencia del ilícito. Estos plazos dependerán del tipo de denuncia, y de si requiere adecuación.
Sin importar el medio que emplee el ciudadano para colocarla, tiene la opción de decidir si su denuncia será confidencial o si desea proporcionar su nombre y/o información de contacto.
La aplicación Línea Verde también permite realizar reportes completamente anónimos y consultar el estatus mediante un código único. En situaciones complejas, que involucren conflictos que afecten directamente al denunciante, el Ministerio de Medio Ambiente establece contacto de manera controlada y respetuosa, indicó esta plataforma a Raíz Climática.
En caso de confirmarse la infracción, se redacta un informe de los hallazgos y se remite a la Dirección de Fiscalización como caso complejo, unidad que procede a aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la normativa vigente.
En ciertos casos, como aquellos relacionados con emisiones de humo provenientes de plantas eléctricas u otros ilícitos específicos, se otorga un plazo para readecuación.
Una vez cumplido dicho plazo, se realiza una nueva inspección para verificar que las medidas indicadas hayan sido implementadas dentro del tiempo establecido. Si se confirma el cumplimiento, el caso se cierra; de lo contrario, se aplican las sanciones correspondientes y se cierra el proceso.
Casos éxito que reflejan el impacto del trabajo de la Línea Verde
El pasado 7 de julio de 2025, mediante el código de denuncia MMARN-32694, organizaciones comunitarias y ciudadanos preocupados denunciaron públicamente la presunta destrucción sistemática de nidos de tortugas marinas, especies en peligro de extinción, atribuida a las operaciones del Hotel Sirenis y del Grupo Hotelero Matute, en la zona turística de Uvero Alto en La Altagracia.
De acuerdo con la información recibida, el hotel habría utilizado maquinaria pesada, específicamente palas mecánicas, para la recolección de sargazo en la orilla de la playa sin contar con la debida autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Estas acciones habrían provocado la destrucción directa de nidos de tortugas marinas, incluyendo ejemplares de la especie Carey, al ser aplastados los huevos enterrados; daños irreversibles al ecosistema costero, afectando la fauna y la dinámica natural de la playa y riesgo de efectos en el equilibrio ambiental del litoral, debido a la extracción y desplazamiento de arena, lo que agrava la erosión.
La inspección técnica realizada al Hotel Grand Sirenis Punta Cana permitió evidenciar un incumplimiento grave y sistemático de los lineamientos técnicos establecidos para la recolección y manejo del sargazo en zonas costeras.
Las acciones detectadas, incluyendo el uso de maquinaria pesada dentro de la franja de pleamar, la afectación de áreas de anidamiento de tortugas marinas protegidas y la ausencia de un gestor ambiental acreditado, representan una amenaza directa a la integridad de los ecosistemas costeros y marinos.
La Ley de Medio Ambiente, así como las disposiciones técnicas emitidas por el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, prohíben el uso de maquinaria pesada dentro de la franja de pleamar.
Además, establecen que la recolección de sargazo debe realizarse únicamente con equipos especializados y regulan estrictamente los horarios, metodologías y zonas de intervención en áreas sensibles.
Entre las recomendaciones y medidas de Línea Verde estuvieron iniciar el proceso de sanción administrativa, conforme a la gravedad de los hechos constatados; mantener la paralización de las actividades hasta tanto se presente un plan de remediación ambiental costero y se agote el debido proceso para la restauración de la zona intervenida y remisión del caso al Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, así como a la Dirección de Biodiversidad, por la afectación en zonas de alta vulnerabilidad ecológica.
Por otro lado, el pasado 3 de septiembre de 2025, mediante la denuncia MMARN-58704, se reportó el comercio y tenencia de especies en período de veda, específicamente pez loro y lambí, en el establecimiento identificado como Pescadería L&R.
Una comisión técnica de Medio Ambiente se trasladó al lugar, donde pudo constatar que el establecimiento identificado se dedicaba a comercializar especies en veda, tales como pez loro y lambí, en violación de la normativa vigente.
Ante estos hallazgos, se procedió a la incautación de 28 libras de pez loro y 15 libras de lambí, en contravención de los Decretos 281-23 y 266-25. Asimismo, se paralizaron las actividades comerciales y se dispuso el cierre temporal del establecimiento.
Este caso fue remitido a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales para su debido procesamiento judicial y se envió dicho informe a la Dirección Jurídica del Ministerio para los fines correspondientes.
Mientras que el 18 de febrero de este año se reportó la denuncia MMARN-81561, un hecho de contaminación ambiental en el Río Verde, donde un ciudadano fue sorprendido vertiendo aguas contaminadas al afluente. Según el reporte comunitario, el individuo huyó del lugar ante la reacción de los moradores de la zona.
Durante la visita de inspección realizada por una comisión técnica del Ministerio de Medio Ambiente, se constató la existencia de una crianza porcina con una población total de 1,154 cerdos en cebo, sin presencia de madres ni padrotes, dado que el modelo productivo es de engorde exclusivo.
La actividad se desarrolla en una nave construida con bloques, malla ciclónica y madera, con techo de zinc, la cual presenta condiciones de higiene deficientes, debido a la presencia de charcas internas y acumulación de residuos.
Aunque se observó la existencia de un sistema de biodigestor con un área aproximada de 290 m², destinado al manejo de aguas residuales y excretas, se identificaron múltiples indicios de inoperatividad, tales como: tuberías rotas, cúpula plástica del biodigestor perforada, mechero de metano apagado y acumulación de materia sólida en la tubería de salida.
Según lo verificado por esta entidad, el biodigestor solo recibe aguas residuales provenientes de la nave frontal, mientras que la nave trasera descarga sus aguas, a través de una canaleta directamente sobre el terreno contiguo, el cual bordea el cauce del Río Verde.
La deficiente gestión de las aguas residuales y el manejo inadecuado de los desechos porcinos han generado condiciones de insalubridad y descargas contaminantes hacia el río, en violación a lo establecido en el artículo 82 de la Ley de Medio Ambiente, que “prohíbe el vertimiento de sustancias o desechos contaminantes en suelos, ríos, lagos, lagunas, arroyos, embalses, el mar y cualquier otro cuerpo o curso de agua”.
Asimismo, la actividad porcina no contaba con autorización ambiental vigente, en incumplimiento del artículo 40 de la misma ley, que exige el aval ambiental previo para operaciones con potencial impacto ecológico.
Entre las conclusiones y recomendaciones realizadas por Línea Verde y compartidas con Raíz Climática estuvieron paralizar de manera inmediata el vertido de aguas residuales, provenientes de la crianza porcina, al Río Verde o a cualquier otra fuente acuífera; aplicar sanción administrativa proporcional al daño ocasionado al río, al suelo y al subsuelo; otorgar un plazo de 30 días laborables para la corrección integral del sistema de manejo de excretas, asegurando el tratamiento adecuado de las aguas residuales y construir un sistema de canalización de aguas pluviales que impida su mezcla con aguas contaminadas o sin tratamiento.
¿Cuáles mecanismos utiliza el SENPA para lidiar con delitos ambientales?
Como parte de esta investigación, también conversamos con el SENPA, que confirmó que este organismo cuenta con 305 agentes activos distribuidos en 12 regiones operativas.
Estos reciben formación en legislación ambiental, derechos humanos, técnicas de patrullaje, primeros auxilios, manejo de fauna y flora, uso de tecnologías de vigilancia, llenado de acta y uso proporcional de la fuerza.
La misión del SENPA es proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la República Dominicana, mediante la vigilancia, prevención y persecución de delitos ambientales, desarrollar operaciones focalizadas, garantizando el cumplimiento de la ley y el bienestar ecológico de la nación.
Cualquiera puede hacer denuncias a través de sus oficinas regionales del SENPA o por vía telefónica a través de su Línea Verde 809-532-6400, SENPARD@. “La identidad del denunciante se protege rigurosamente, garantizando su seguridad y anonimato” expresó la institución.
Las investigaciones de delitos ambientales se dan a través de los patrullajes, denuncias ciudadanas, monitoreo satelital, inteligencia ambiental y operativos conjuntos con otras entidades. La investigación se basa en evidencia técnica, georreferenciación y seguimiento legal.
El SENPA también realiza operativos para evitar el tráfico de especies, rescata animales en riesgo y en peligro de extinción, colabora con centros de conservación. Además, vigila hábitats críticos y apoya campañas de protección de especies emblemáticas como el solenodonte y la tortuga carey.
Entre los operativos más destacados están los de Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Los Haitises y la zona costera de Pedernales, recuperación de las Dunas de Baní, Cuevas del Pomier, Loma Siete Pico, Novilleros, donde se han desmantelado redes de tala ilegal, tráfico de especies y ocupaciones irregulares en áreas protegidas.
Entre las nuevas tecnologías que utiliza la institución para la vigilancia ambiental están los drones, radio de comunicación y aplicaciones móviles para patrullaje, herramientas que definió como mecanismos de respuestas más rápidas, precisas y eficientes.
Pero así como se utiliza la tecnología para hacer el bien, también existen nuevos mecanismos para infringir la ley ambiental, mediante la misma.
Dijo que en los últimos años han surgido nuevas modalidades como el uso de drones para pesca ilegal y el comercio digital de especies silvestres.
Y que, concordando con los demás especialistas, los delitos más frecuentes incluyen corte y tala ilegal, extracción de materiales sin permiso, contaminación de ríos, tráfico de especies y quema de áreas protegidas, fabricación de carbón vegetal, conuquismo en áreas protegidas, construcción ilegal, incendio forestal, transporte ilegal de material, captura de especies en veda, comercialización de especies prohibidas, pesca de especies marina en veda, entre otros.
Además, al momento de capturar a un infractor, este es puesto bajo custodia respetando sus derechos fundamentales según lo establece la ley, luego es puesto a disposición del Ministerio Público, se documenta el caso y se inicia el proceso judicial.
El SENPA colabora como cuerpo técnico en la presentación de pruebas y seguimiento del expediente.
En SENPA también cuenta con la Escuela Nacional de Protección Ambiental (ENPA), dirigida principalmente a miembros de esta institución, pero que también ofrece formación especializada al personal de otros organismos vinculados al medio ambiente. Su currículo incluye legislación ambiental, técnicas de patrullaje, manejo de conflictos, educación ecológica y formación ambiental en las diferentes áreas temáticas.
En el mismo contexto, el SENPA también apoya jornadas de reforestación, limpieza de ríos y de playas, educación ambiental en escuelas y campañas de sensibilización comunitaria y colabora con el Ministerio de Medio Ambiente en la restauración de ecosistemas degradados.
En el primer semestre del año encabezaron 40 jornadas de reforestación, en las cuales fueron plantados 54,440 árboles y en las que participaron 1,399 participantes, según datos enviados por la institución.
Además, tienen jornadas de voluntariado como brigadas verdes y comunitarias así como alianzas con organizaciones locales. “La ciudadanía puede colaborar en educación ambiental, reforestación y vigilancia participativa”.
Casos judicializados
El Poder Judicial dominicano procesó 575 casos por violación de la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre 2020 y septiembre de 2025, dejando a un lado el año 2023, debido a que no existen datos registrados de este periodo, según detalló al periódico Raíz Climática la Oficina de Acceso a la Información Pública de esta institución.
Pero, ¿dónde se registraron más casos? Los datos indican que los distritos judiciales de Azua, San Juan de la Maguana y San Cristóbal fueron los más activos: todos, curiosamente, ubicados en provincias del país.
En el mismo intervalo de tiempo, fueron condenadas 219 personas por delitos vinculados a la violacion de la ley de Medio Ambiente, siendo la provincia Monseñor Nouel la que registró mayor cantidad de casos, con 25.
¿Cuáles han sido algunas de las condenas?
El portal de la Procuraduría General de la República detalla algunos de estos casos:
Por ejemplo, en febrero de 2022 impusieron una medida de coerción consistente a dos millones de pesos, como garantía económica, contra la empresa a Agroforestal Macapi, S.A, por presuntamente remover material de la corteza terrestre y causar daños forestales en Loma Redonda, de San José de Ocoa. Cuatro meses después, en junio, el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a un año de prisión como pena suspendida y a una multa de 50,000 pesos a dos personas por extraer y transportar arena ilegal. Como medida para resarcir el daño, los imputados tenían que reforestar la cuenca del Río Nizao, mediante la siembra de 100 árboles de diferentes especies, en un plazo de 25 días.
En octubre de 2022, a un hombre que destruyó cientos de árboles en su propiedad, le fue impuesta una garantía económica de 75 millones de pesos.
Las autoridades mandaron a cerrar una granja porcina por contaminar las aguas del río Cacique, en Moca. Un mes después, el gerente fue condenado a un año de pena suspendida, a cambio de realizar labores de siembra de mil árboles y ofrecer charlas a la comunidad sobre la contaminación ambiental.
Otras medidas tomadas en diferentes casos han sido una condena de seis meses de prisión suspendida a tres hombres por extracción de caliche sin el permiso ambiental: tuvieron que sembrar 200 árboles en las cuencas del río Yaguasa y pagar una multa de tres salarios mínimos, equivalente a 30,000 pesos.
A otro hombre le pusieron como medida asistir a 50 charlas en el Ministerio de Medio Ambiente y realizar 50 horas de trabajo comunitario en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, por extraer agregados de construcción sin permiso.
Pero no todos los casos son por extracción o destrucción de árboles. También se han registrado delitos contra la fauna: como el de dos personas que traficaban a ocho pichones de cotorras en Pedernales, especie protegida por los reglamentos correspondientes.
Uno de los casos más sonados fue en octubre de 2024 cuando la Procuraduría de Medio Ambiente en la provincia Espaillat logró la condena de un año de prisión suspendida y el pago de una indemnización de 25 millones de pesos al favor del Estado, al empresario Andrés Avelino Sarante Castillo y la empresa Endy Agroindustria, por verter desperdicios, aguas contaminadas y desechos sólidos a las aguas del río Licey, en sus operaciones en Ceiba de Madera, San Víctor, Moca.
¿Qué papel juega la Procuraduría de Medio Ambiente?
El artículo 165 de la Ley 64-00 de Medio Ambiente habla sobre la creación de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, derivada de la Procuraduría General de la República, que tiene entre sus atribuciones “ejercer las acciones y representación del interés público, con carácter de parte procesal, en todos aquellos juicios por infracción a la presente ley y demás disposiciones legales complementarias”.
En una entrevista para Raíz Climática, el titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, magistrado Francisco Contreras Núñez, dijo que esta entidad está conformada por 35 miembros del Ministerio Público y cuenta con 20 oficinas en todo el país.
Desde el punto de vista legal, las principales amenazas ambientales que enfrenta República Dominicana son la extracción de agregados de la corteza terrestre, principalmente en las márgenes de los ríos; la tala indiscriminada de árboles, la contaminación sónica, la caza, pesca y comercialización de especies en veda y especies protegidas; así como la construcción de infraestructuras sin los permisos ambientales correspondientes.
En la actualidad, la Procuraduría participa con diferentes actores como la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias, a quienes requieren informes técnicos ya que “en lo concerniente a la investigación penal y el sometimiento de los procesos son manejados exclusivamente por esta especializada”.
“En muchos casos agotamos las salidas alternas que establece el Código Procesal Dominicano, tales como: suspensión condicional del proceso, juicio penal abreviado, (acuerdo pleno). En otros casos se concilia; quedando sujetos los imputados a obligaciones técnicas y económicas (ejemplos: pagos de montos económicos y remediación de las zonas afectadas).
En otros casos llegamos a los tribunales en litigios”, dijo el magistrado a este medio.
Entre los casos que está el de Inversiones SAENA por tala indiscriminada de Mangles en la zona costera de uvero Alto en Uvero Alto (Higüey), y el del proyecto Turístico Villa Palmeras, al que se le cual realizó construcciones dentro de los 60 metros de la Pleamar; entre otros casos.
Algunos de los casos que reflejan el papel de esta Procuraduría son Las Cuevas del Pomier, los de persecución por extracción ilegal de agregados en los ríos, la recuperación del Parque Nacional Los Haitises, la empresa Brache en la provincia Espaillat y la recuperación de la Loma Quita Espuela que estaba siendo afectada por empresas.
Las principales sanciones que se les impone a los imputados son entre seis días hasta tres años privativos de libertad. Mientras que las económicas varían entre ¼ de salario mínimo hasta 10,000 salarios mínimos. Además, el decomiso de materiales, retiros de permisos y otros.
Al igual que el SENPA y la Línea Verde, esta Procuraduría también recibe denuncias de comunidades y ciudadanos, la mayoría por redes sociales, vías telefónicas o personales, las cuales pueden ser anónimas o identificadas.
“En los casos de denuncias personales los ciudadanos acuden a las diferentes dependencias de esta especializadas y en los casos remotos, igual existe un personal para atenderlas y son remitidas a los miembros del MP para iniciar los procesos de investigación”, añadió el magistrado.
Todos los denunciantes y víctimas cuentan con el apoyo y acompañamiento del Ministerio Público y los Cuerpos Castrenses del país, recalcó.
Limitaciones del sistema
Aunque existen avances significativos en el sistema judicial, también hay puntos de mejora. Uno de estos fue citado por la Procuraduría de Medio Ambiente, que a través de su titular, señaló que la necesidad de la designación urgente de recursos económicos y humanos debido a sus limitaciones.
Además, sugirió la creación de una policía ambiental que trabaje los casos de delitos ambientales con el Ministerio Público y que además pueda desarrollar labores preventivas.
El titular dijo que se debe seguir fortaleciendo la judicialización de los delitos ambientales e instó a la creación por parte de la Procuraduría General de la República, de una unidad técnica compuesta por técnicos profesionales del área ambiental (biólogos, topógrafos, químicos, geógrafos, etc.), para que levanten los informes técnicos en los casos de delitos ambientales; lo cual permitirá al Ministerio Público, llevar los casos ante los tribunales con mayor eficiencia.
Por otra parte, entre las prioridades del próximo año de la Línea Verde están el fortalecimiento integral de la atención multicanal, asegurando la operatividad sólida, coordinada y resiliente de todos los canales de denuncias ambientales, garantizando máxima accesibilidad, fiabilidad y tiempos de respuesta ágiles y consistentes.
Fortalecer el sistema de registro y expedientes para monitorear el avance de cada denuncia ambiental, asegurando respuestas en un plazo máximo de 15 días, dependiendo el caso y lo que conlleve, y manteniendo al denunciante informado del estatus.
Sensibilización de la ciudadanía mediante el incremento de campañas de comunicación y educación para promover su participación y compromiso en materia de protección ambiental y, en particular, fomentar un mayor uso de la herramienta Línea Verde.
Capacitación e integración del personal encargado de atención a las denuncias para mejorar la calidad del servicio, con enfoque en ética, transparencia y trato respetuoso hacia los usuarios.
“Estas prioridades buscan consolidar Línea Verde como una herramienta ágil, transparente y eficiente para las denuncias ambientales, promoviendo la participación ciudadana activa y contribuyendo a la conservación y restauración del medio ambiente en el país”, finalizaron.
