Hay quienes protegen la tierra y hay quienes aparentan hacerlo, así como hay quienes dicen
la verdad y hay quienes imitan.
La comunidad de La Cuaba, Pedro Brand, no es lo que algunos han querido cubrir con etiquetas, tampoco es un caso más de daño ambiental, una denuncia política, ni un pueblo instrumentalizado por intereses ajenos. Mientras quienes se presentan como estudiados operan bajo un fraude ambiental, es este pueblo rural, pobre y centenario el que lleva siglos valorizando su tierra, y que hoy se levanta para protegerla.
Su historia no se vende ni se engrandece egoístamente. Es, como confiesa Genaro Díaz, la
historia de un pueblo dispuesto a morir por lo que ama.
La comunidad Los Aguacates de La Cuaba lleva cinco años librando una lucha constante,
agotadora y feroz contra un proyecto de Planta de Reciclaje y Relleno Sanitario, del cual se
contempla el reciclaje del 28% de los residuos, por lo que ellos reconocen la instalación
como un ‘‘vertedero’’.
La propuesta, impulsada por la empresa Oakhouse, no solo se emplazaría en medio de la comunidad, sino que, según denuncian sus habitantes, pondría en peligro los ríos que nacen o dependen de la zona, fuentes de agua que también abastece a la población.
En estas condiciones, tomar una postura firme debería ser tarea sencilla para las autoridades municipales. Sin embargo, los habitantes denuncian sentirse «defraudados por sus dirigentes políticos».
Esta lucha tiene 5,000 caras
Voces, opiniones y experiencias que ningún artículo podría recoger en su totalidad, aunque
son indispensables para entender esta situación con la profundidad que merece.
Abel Rivera, cuya voz se quebró a mitad de su testimonio, dice haber visto en esta comunidad la
definición de integridad y amor por la tierra.
Él, que ha vivido la mayor parte de su vida en Pedro Brand municipio cabecera, cuenta que desde que llegó a la zona notó una relación con la naturaleza distinta a la metropolitana.
En Los Aguacates la conexión con la naturaleza no nace de libros ni capacitaciones. De hecho, no les hace falta conocer las implicaciones científicas de su protección y desprotección, ni tener una formación en ciencias naturales para entender lo que está en juego.
La conciencia nace de su experiencia, saben que de no protegerla su vida cambiaría por
completo. Esto no me lo inventé yo, es su sabiduría ancestral. Para llegar a una reflexión así
solo se necesita una interacción real, no momentánea, con la naturaleza, y estas personas
viven en ella.
El levantamiento de la comunidad no es reaccionario ni político, es la extensión de actitudes
que ya tenían mucho antes de conocer sobre él. Como cuenta Casimiro Caraballo, la
población, sin pedir ayuda al gobierno local, ha regulado su vida diaria de forma que no
impacte negativamente el ambiente.
A veces desde las relaciones interpersonales y familiares, otras desde la Junta de Desarrollo de la Comunidad de La Cuaba, e incluso desde fundaciones locales. Han creado pozos en las cañadas para captar desechos y producir gas metano para cocinar, abolido la costumbre de lavar camiones en el río, reubicado ganado, eliminado la extracción de arena de los ríos, canalizando las heces fecales del ganado y
logrado la recristalización del río Galán, entre otras acciones.
Esta comunidad no esperó que nadie llegara a decirle cómo cuidar su tierra. Para entender por qué son rechazados los supuestos beneficios que promete el proyecto, hay que entender primero cómo funciona la vida allí. El turismo interno es el verdadero sostén de la zona. Más de 1,000 complejos entre villas, centros recreativos, campamentos y casas de veraneo reciben visitantes cada fin de semana y temporada vacacional, aportando el mayor ingreso de la región. No es una economía improvisada ni frágil, es un
modelo que la comunidad conoce, que maneja y del que vive. Entienden que una planta
recicladora en medio de la zona atropellaría el turismo local que sostiene a cientos de
familias, y con él, el estilo de vida construido por generaciones y que hoy, con la misma
convicción de siempre, defiende.
Desde esa realidad, los empleos prometidos no les interesan, pero tampoco se
corresponden con las habilidades ni con las necesidades del sector. La comunidad
demanda que antes de crear empleos ajenos a su forma de vida el gobierno local atienda
las deudas que, por años, se han ignorado; como la sanidad, la educación y la salud pública.
Y lejos de responder a estas, el proyecto las agravaría.
En 2021, la primera solicitud ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue
anulada. Aun así, los promotores continuaron gestionando su aprobación al margen de la
comunidad hasta llegar al Tribunal Superior Administrativo, que procedió a reabrir el caso
bajo condiciones específicas a través de las siguientes observaciones: que el proyecto se
ubicara a no menos de un kilómetro de la comunidad más cercana y que esta tuviera menos
de dos mil habitantes, la sociabilidad con la comunidad y una vía alterna para transportar la
basura, parámetros que, según el Colectivo No Vertedero, no se han cumplido en su
totalidad.
Además, se denuncia que la empresa solamente se ha acercado desde una postura hostil y
deshonesta. A quienes encabezan la resistencia les han ofrecido hasta dos millones de
pesos para que abandonen o saboteen la lucha; la mayoría ha respondido con un rechazo
firme. Sostienen que la vida que han construido sobre esa tierra no tiene valor monetario,
porque sobre ella descansan sus casas y su sustento, así como las memorias y las vivencias
de los antepasados que la cuidaron antes que ellos. Es tal el caso, que, en la primera vista
pública del proyecto, solo una de cada cien personas expresó estar de acuerdo, y en la
segunda, ninguna de las quinientas presentes lo respaldó, una posición colectiva que debió
ser suficiente para determinar el curso del proceso.
Como lo expresa Genaro Díaz: «Cuando usted viene a comprar la dignidad de la gente, es
porque usted no está por lo legal.»
Aun así, algunos han aceptado el dinero y aunque constituyen una minoría, quienes
permanecen en la lucha perciben esa decisión como una traición a la propia gente.
Díaz explica que ‘‘por cuatro o cinco que hayan doblegado, a nosotros nos han llegado cien’’.
El rechazo de la comunidad va desde la movilización popular hasta procesos institucionales
formales, que a su vez han carecido de transparencia. La comunidad, representada por el
Colectivo No Vertedero, cuestiona cómo la asamblea de regidores aprobó unánimemente
un proyecto que la población rechaza de manera contundente, señalando una ruptura
evidente entre la representación política y la voluntad ciudadana.
‘‘La licencia social es lo único que nos protege’’, dice Genaro Diaz.
Aunque como concepto formal apenas comienza a asentarse en la República Dominicana
en la primera década del siglo XXI, este permiso intangible ya ha demostrado su capacidad
para frustrar proyectos que intentan imponerse sin el respaldo social.
Esta lucha es otra prueba de ello. Luego de que una madrugada, sin previo aviso, fuera encontrada maquinaria pesada en el terreno, la comunidad levantó un campamento para custodiar el territorio. Hoy,
28 de junio del 2026, ese asentamiento cumple 60 días sin haber dejado pasar ni una varilla,
habiendo llegado a escoltar un camión de carga pesada hasta la Circunvalación de Santo
Domingo, una distancia de al menos diez kilómetros.
Todo por iniciativa y fuerza propia
Lo que sus detractores han llamado despectivamente un «campamento rústico» ha sido el
epicentro de al menos diez manifestaciones en el territorio y zonas aledañas, llegando a
movilizar miles de personas. Se sostiene enteramente por la convicción de sus líderes,
apoyos instituciones ocasionales y la solidaridad del pueblo que lleva donaciones de
comida, agua y materiales constantemente. También se ha solicitado un camión de policías
en el lugar, pues sus integrantes se sienten amenazados.
En un intento por legitimar socialmente el proyecto, la empresa organizó el traslado de un
grupo de personas hacia Puerto Plata, con la intención de presentarlas ante la prensa como
dirigentes del Colectivo No Vertedero para que, en una maniobra de falsa representación,
expresaran su aprobación. La respuesta de los verdaderos miembros del Colectivo No
Vertedero, junto a dirigentes comunitarios, fue inmediata, pues identificaron e interceptaron
a quienes pretendían viajar en su nombre y desmontaron la operación antes de que pudiera
concretarse. Las manifestaciones han sido pacíficas, y los líderes esperan que así
continúen. Pero advierten que la responsabilidad de lo que ocurra recae sobre las
autoridades que han ignorado el llamado de su pueblo.
Entre las irregularidades más graves que señala la comunidad figura una contradicción
documentada. Los expedientes que presentan el proyecto afirman que no existe agua en el
terreno de construcción, cuando es conocimiento general que en ese territorio hay fuentes
de agua activas. La situación resulta aún más significativa si se considera que el propio
alcalde, quien inicialmente se pronunció a favor de la lucha comunitaria para luego retirar
su respaldo, había visitado esas masas de agua junto a otras personas. Pero no es el único,
los regidores que firmaron el permiso de uso de suelo negaron después haberlo hecho
aunque los documentos que maneja el Colectivo No Vertedero dicen lo contrario. La
comunidad lo describe como una afrenta y una traición a la confianza que habían
depositado en ellos.
El último movimiento formal de la comunidad ha sido el depósito, a través de Abel Rivera,
de una instancia ante el Concejo de Regidores de Pedro Brand solicitando toda la
documentación de la sesión en que se aprobó el uso de suelo para la instalación de la planta
procesadora, incluyendo los nombres de las autoridades que respaldaron dicho permiso.
La comunidad no entiende cómo un proceso que exige estudios técnicos rigurosos pudo
resolverse con tanta rapidez y sin estudio particular.
¿Quién puede conocer un lugar mejor que quien ha vivido en él toda su vida?
La comunidad de Los Aguacates, La Cuaba, lleva décadas dando la respuesta con sus
acciones, mucho antes de que alguien llegara a preguntarles.
El Colectivo No Vertedero ha sido claro en que no se oponen al tratamiento adecuado de los
residuos sólidos. Reconocen que es un problema nacional que requiere soluciones reales,
y por eso mismo su rechazo no es arbitrario. Se oponen a que esa solución se construya
sobre un territorio de vital importancia ecológica, sobre el agua que beben, sobre la tierra
que heredaron y sobre la vida que han edificado generación tras generación.
Como lo dice Abel Rivera con una precisión que ningún expediente técnico podría superar:
«No tenemos formación, pero no somos ignorantes. Este no es un lugar para un vertedero.»
