Colaboración especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
El Informe Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Democracias Bajo Presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe, identifica cinco nuevas presiones interconectadas que ponen a prueba la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de las personas. Entre ellas destaca la triple crisis planetaria —cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación—, que plantea nuevos desafíos para la gobernanza, la participación ciudadana y la sostenibilidad.
El siguiente extracto del informe invita a reflexionar sobre cómo transformar estas presiones en oportunidades para fortalecer la democracia, integrar la sostenibilidad en las decisiones públicas y construir un futuro más inclusivo para las generaciones presentes y futuras:
De la presión a la oportunidad: reimaginar la democracia en la era del Antropoceno.
La sostenibilidad ambiental y la democracia convergen en un punto central: la gestión colectiva del bien común. En ALC, los conflictos por el uso del territorio, el agua y los minerales son al mismo tiempo conflictos por el poder y la legitimidad institucional.
La dependencia de la región de sus recursos naturales no es exclusiva; existen otras regiones que también son dependientes de sus recursos naturales, como Noruega, que ha basado parte de su crecimiento en los hidrocarburos. Sin embargo, este país ha logrado un mayor grado de diversificación económica, calidad institucional y mecanismos de redistribución que condicionan el impacto de esa dependencia sobre la democracia y el desarrollo. En la región, esta dependencia adquiere una dimensión particular por su superposición con los altos niveles de desigualdad, la fragilidad institucional y la conflictividad territorial.
En este contexto, la gobernanza de los recursos naturales no solo define trayectorias de crecimiento, sino también la calidad de la democracia, al poner a prueba la capacidad del Estado para equilibrar los intereses privados, los derechos colectivos y la sostenibilidad. Las democracias sólidas son las que logran convertir esas tensiones en espacios de deliberación pública y política, no en focos de polarización.
La democracia ambiental no es solo un marco jurídico: es una práctica política que redefine la ciudadanía, amplía los derechos en relación con la naturaleza y reconoce el papel de las generaciones futuras.
En este sentido, el Acuerdo de Escazú y los mecanismos de consulta previa, libre e informada reconocen el derecho a participar en decisiones que afectan el entorno local y la vida de las comunidades. Por su parte, los países han aprovechado el proceso de la formulación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para generar espacios de mayor inclusión. Esto ha dado paso a consensos nacionales acompañados de mecanismos de implementación y coordinación que permiten hacer de la agenda climática un punto de cohesión que, a su vez, favorece su implementación.
El fortalecimiento de la presencia territorial del Estado y de la gobernanza ambiental multinivel –que vincula lo local, nacional y regional– es clave para traducir la agenda sobre la naturaleza y la agenda climática en políticas tangibles. Esto implica avanzar en mecanismos de coordinación interinstitucional, en capacidades técnicas y financieras a nivel subnacional, además de reconocer el valor del conocimiento local, integrar la ciencia y la tecnología con la participación comunitaria, y garantizar transparencia en la gestión de los recursos.
El futuro de la democracia deberá ser también una democracia ecológica, capaz de gestionar interdependencias y límites planetarios. El contexto actual plantea un dilema sin precedentes para la humanidad: cómo sostener la promesa democrática del desarrollo humano dentro de los límites del planeta. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las desigualdades estructurales convergen como presiones que desafían simultáneamente la capacidad estatal, la legitimidad política y social, y la sostenibilidad ecológica.
Las democracias de ALC enfrentan la tarea de recalibrar sus instituciones para gobernar un futuro caracterizado por la incertidumbre ambiental. Este desafío no se resuelve solo con innovación tecnológica o financiamiento verde, sino con más y mejor democracia: más participación, transparencia, rendición de cuentas y deliberación pública sobre las decisiones que afectan el bien común.
ALC tiene fortalezas únicas: es la región más biodiversa del planeta, tiene una sociedad civil vibrante, movimientos ambientales activos, experiencia en mecanismos de participación y un acervo cultural que concibe la naturaleza como parte integral de la vida.
Estas características pueden convertirse en cimientos de una democracia ecológica que reconozca los derechos de la naturaleza y la interdependencia entre bienestar humano y equilibrio ambiental.
Reimaginar los futuros de la democracia en la era del Antropoceno implica, al menos, cuatro transformaciones clave:
1. Integrar la sostenibilidad en el contrato social. La democracia debe garantizar no solo derechos políticos, sino también el derecho a un ambiente sano, a la seguridad hídrica y alimentaria, y a un futuro habitable.
2. Redefinir la economía política del desarrollo. La transición verde no será exitosa si reproduce patrones de concentración y exclusión. Los sistemas fiscales, productivos y financieros deben orientarse a la equidad y al bienestar colectivo.
3. Fortalecer la gobernanza local y multinivel. La acción climática y de biodiversidad requiere coordinación entre gobiernos locales, nacionales y regionales, apoyada en marcos como el Acuerdo de Escazú, Estrategias y Planes Nacionales de Biodiversidad y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.
4. Ampliar la agencia ciudadana. La transición ecológica no puede imponerse desde arriba: debe construirse desde las comunidades, los pueblos indígenas, la juventud, la academia, el sector privado y la sociedad civil.
El futuro de la democracia dependerá de su capacidad para convertir las crisis en oportunidades de cohesión, innovación y solidaridad. Una región que logre vincular justicia social, sostenibilidad ambiental y crecimiento inclusivo no solo afrontará las presiones planetarias, sino que podrá liderar una nueva narrativa global del desarrollo humano.
