Escrito por María Laura Martínez Bisonó (Eco Malala)
Cualquiera que haya pasado cerca de un vertedero en un día de calor conoce ese olor. Lo que no se ve es lo que sale con él: metano, uno de los gases que más calientan el planeta. Durante décadas lo vimos como un problema. Hoy, en buena parte del mundo, empieza a verse como algo más: una fuente de ingresos.
Ese cambio de mirada ayuda a entender lo que se movió en septiembre en Nueva York durante la Climate Week, celebrada en un país cuyo gobierno federal ha tomado distancia del Acuerdo de París. Sin embargo, la agenda climática sigue en marcha, empujada por empresas, ciudades, inversionistas y el resto del mundo. Y a tres semanas de la COP31 en Antalya, Turquía, la pregunta ya no es si hay que actuar, sino quién paga y cómo se demuestra lo que se hace.
El dinero existe. El problema es que no llega
La Climate Week reunió a más de 120,000 personas en más de 1,500 eventos. Su lema fue energía, impacto y acción. Días después, la pre-COP en Fiyi puso el dedo en la llaga con una cifra que debería incomodarnos: desde el Acuerdo de París, los países del Pacífico han recibido compromisos por más de 16,000 millones de dólares, pero más de 5,000 millones siguen sin llegar (CMNUCC, 2026). Para cualquier isla del Caribe, esa historia suena conocida.
Por eso Antalya, del 9 al 20 de noviembre, se perfila como la cumbre de la implementación. Y en esa conversación, los mercados de carbono han dado un salto que pocos han notado.
Menos créditos, más confianza
Durante años, el mercado de carbono de la ONU fue una promesa en negociación. En 2026 empezó a funcionar. El 26 de febrero se aprobó la primera emisión de créditos del Mecanismo de Acreditación del Acuerdo de París, el llamado Artículo 6.4. Se trata de un sistema supervisado por la ONU que certifica reducciones de emisiones, para que países y empresas puedan comprarlas y contarlas en sus metas climáticas. Su estreno fue un proyecto de cocinas eficientes en Myanmar, con socios coreanos.
Lo interesante está en la letra pequeña. Con las nuevas reglas, ese proyecto recibió alrededor de un 40 % menos de créditos de los que habría obtenido con el antiguo Mecanismo de Desarrollo Limpio. Aunque puede parecer una mala noticia, es justo lo contrario: un crédito que vale lo que dice valer es un crédito que alguien quiere comprar (integridad).
La primera metodología de este mecanismo, aprobada en octubre de 2025, fue precisamente para el gas de vertederos. Sus créditos bajan con los años para alinearse con las metas de París, pero bajan más lento para quien convierte el metano en energía que para quien solo lo quema. Luego llegaron metodologías para el óxido nitroso industrial, la electricidad renovable y, el pasado 9 de octubre, las cocinas limpias.
También hay más compradores. Suiza, Singapur, Japón y países europeos ya negocian reducciones de emisiones entre gobiernos, y en plena Climate Week Canadá anunció que prepara su propio marco. Y verificar se está abaratando: según una guía de la IETA publicada el 16 de octubre, el monitoreo con sensores y teledetección puede reducir costos y permitir emitir créditos con más frecuencia. Para proyectos pequeños, como los nuestros, eso cuenta.
La inteligencia artificial también entra en escena. Combinada con imágenes satelitales y sensores, puede revisar enormes volúmenes de datos, detectar cambios en un bosque o en un relleno sanitario y alertar cuando un proyecto promete más de lo que entrega. El 22 de septiembre, en plena Climate Week, el Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM), en un programa de trabajo con el Banco Mundial, publicó un informe con 16 recomendaciones para usar de forma responsable estas herramientas digitales, incluida la IA. Aquí fueron muy precisos: la tecnología por sí sola no garantiza la integridad; también hay que cuidar la calidad de los datos, la ciberseguridad y los derechos de las comunidades.
El tesoro escondido en la basura y el arroz
El metano calienta unas 80 veces más que el CO₂ en sus primeros 20 años, pero dura poco en la atmósfera según 6.º informe del IPCC (2021), es decir que reducirlo hoy se nota en esta misma década. Por eso es el atajo más rápido que tenemos. Y dos de sus fuentes importantes forman parte de nuestro día a día: la basura y el arroz.
Jardim Gramacho, en Río de Janeiro, fue uno de los mayores vertederos de América Latina. Durante 34 años recibió la basura del gran Río, hasta que cerró en 2012. Hoy captura su gas, restaura manglares en la Bahía de Guanabara y se estima que evita unas 850,000 toneladas de CO₂ equivalente al año. No es un caso aislado: con financiamiento de carbono del Banco Mundial y la banca pública brasileña, otros tres rellenos de Río y Recife redujeron más de 3 millones de toneladas y cumplieron sus metas un año antes de lo previsto.
La otra historia viene de los arrozales de Telangana, en la India. Allí, los agricultores dejaron de mantener los campos siempre inundados: ahora los secan y los vuelven a inundar. Un cambio sencillo que evitó más de 210,000 toneladas de CO₂ equivalente. El 12 de octubre, Verra aprobó los primeros créditos bajo su metodología para arroz, y parte de esos ingresos llega a los propios productores. Otros 13 proyectos similares ya están en camino.
Un vertedero en Brasil y un arrozal en la India nos dicen lo mismo: cuando el metano se mide bien, deja de ser un pasivo y se convierte en ingreso.
¿Y nosotros?
La República Dominicana no llega con las manos vacías. Fue el país del Caribe con más proyectos bajo el antiguo Mecanismo de Desarrollo Limpio: 15 en total. En 2025, el decreto 358-25 cambió el nombre del Consejo Nacional para el Cambio Climático, que ahora incluye “Mercado de Carbono”. No es un detalle cosmético: es la autoridad que avala o rechaza cada reducción de emisiones que el país quiera vender.
Para entender por qué esto importa tanto, hay que mirar nuestra NDC 3.0, o Contribución Nacionalmente Determinada en su tercera versión. Es el compromiso climático que cada país presenta ante la ONU bajo el Acuerdo de París y actualiza cada cinco años; la República Dominicana entregó la suya el 9 de junio. En ella, el país se compromete a reducir un 28 % sus emisiones a 2030 frente al escenario tendencial. Pero solo el 8.5 % se financiará con recursos propios; el 19.5 % restante depende de financiamiento externo. En palabras simples: casi el 70 % de nuestra meta depende de dinero que todavía no tenemos. El mercado de carbono es una de las pocas puertas para atraerlo.
Las oportunidades están a la vista. La Ley 225-20 apunta a cerrar los vertederos a cielo abierto, y Brasil muestra que su gas puede ayudar a financiar esa transición. Y el arroz, que hoy ocupa titulares por la presión del arroz estadounidense bajo el DR-CAFTA, podría encontrar en la India una pista para producir con menos metano y más ingresos.
Lo que falta es terminar de armar la casa. Según el propio Consejo, cuyo vicepresidente ejecutivo es el Dr. Max Puig, el mercado nacional de carbono “se construye” alineado a estándares internacionales. El paso siguiente es un marco claro que diga cómo se autorizan los créditos que salen del país, cómo se descuentan de nuestra meta nacional y dónde se registran.
Lo que nos toca llevar a Antalya
En Nueva York, el Dr. Max Puig recordó que ningún país del Caribe puede enfrentar solo el alza del mar. Con el carbono pasa igual. La República Dominicana debería llegar a Antalya con una agenda que no separe lo que en la vida real va junto:
Mitigación: un mercado de carbono con reglas claras y proyectos de metano con integridad demostrable.
Adaptación: financiamiento ágil para proteger costas, agua y agricultura, porque ningún crédito de carbono detiene una marejada.
Pérdidas y daños: una voz caribeña unida que exija que el fondo creado para los países más vulnerables llegue a las comunidades que ya viven sequías, huracanes y el avance del mar.
El mercado ya tiene reglas, compradores y casos de éxito. Lo que todavía no tiene son suficientes proyectos del Caribe. Esa es nuestra oportunidad, y también nuestra tarea.
