Efectos del cambio climático en la salud mental de las familias afectadas por la crecida de los ríos Nigua y Yubazo en San Cristóbal
Para muchas familias que viven en los alrededores del río Nigua, en San Cristóbal, República Dominicana, el cielo gris, con posibilidades de lluvia, despierta recuerdos, inquietudes y una pregunta que comparten con sus vecinos más cercanos: ¿volverá el río a subir y a entrar en la casa?
Para Esteban, de 73 años, esa posibilidad tiene un recuerdo concreto. Hace ocho meses, el río entró en su vivienda, en la cual se encontraba solo, jubilado después de pasar gran parte de su vida trabajando como portero en una oficina del Seguro del Estado dominicano y hoy vive con secuelas físicas de un accidente cerebrovascular que limita su movilidad apoyada de un bastón.
Cuando le pregunté qué siente al ver el cielo gris con posibilidad de que llueva, respiró profundo y respondió: “siento miedo, me palpita el corazón y oro para que el río no suba”.
La respuesta de Esteban ilustra una de las secuelas más silenciosas del cambio climático: el trauma persistente. Meses después de la inundación, la relación de Esteban con la lluvia sigue fracturada. La sola posibilidad de que llueva y vuelva a suceder activa las mismas respuestas fisiológicas y emocionales de aquel día: miedo, palpitaciones, ansiedad, demostrando que el impacto psicológico permanece grabado en el cuerpo.
La experiencia de Esteban encuentra resonancia en la historia de Teresa, quien hace 28 años, migró desde la provincia de Ocoa hasta la ribera del río Nigua en San Cristóbal. Compró un terreno sin ser advertida sobre la vulnerabilidad de la zona.
Teresa depositó su tranquilidad en la construcción de un muro de contención que finalmente no resistió. El colapso de esta barrera física quebró también su sensación de seguridad: hoy, un cielo nublado o las primeras gotas de lluvia desencadenan en ella un estado de hipervigilancia, nerviosismo e impotencia, convirtiendo su hogar en el epicentro de un trauma persistente que ilustra la sintomatología clínica del estrés crónico que afecta a las familias asentadas en la ribera del río Nigua.
Pero el miedo y la hipervigilancia no son las únicas manifestaciones de este desgaste psicológico; la exposición prolongada a la desprotección también desgasta la paciencia y genera respuestas defensivas.
Marino, de 67 años, encarna la intersección entre vulnerabilidad económica, vejez y riesgo ambiental. Tras 40 años en el sector, lleva cuatro décadas viendo crecer el río Nigua desde su hogar, con un pasado laboral en la fábrica de productos a base de coco de Madre Vieja Norte, hoy no cuenta con una pensión, ni ingresos estables. En su caso, la angustia ante la crecida del río Nigua ha derivado en enojo e indiferencia reactiva ante la falta de reparación del muro de su calle. Su testimonio refleja cómo la desatención estatal, sumada a la precariedad de la tercera edad, transforma la preocupación ambiental en un agotamiento emocional crónico.
Miedo, ansiedad, nerviosismo, palpitaciones, hipervigilancia, desaliento, enojo. Aunque se manifiestan de formas distintas, todas estas respuestas emocionales convergen en un mismo núcleo: la incertidumbre persistente sobre la seguridad del hogar y el entorno comunitario ante la amenaza de nuevas crecidas del río Nigua.
Como profesional de la conducta, es preciso señalar que estos relatos no pretenden establecer diagnósticos individuales ni homogenizar la vivencia de cada familia en la ribera del río Nigua. Sin embargo, desde la psicología clínica, estos testimonios sí encienden una alerta que no podemos ignorar y nos plantean una pregunta urgente: ¿qué ocurre con la salud mental y el bienestar colectivo cuando la amenaza de una inundación deja de ser una emergencia puntual para incorporarse a la vida cotidiana de una comunidad?
Evidencias científicas sobre el impacto del cambio climático en la salud mental
Las inquietudes de estas familias reflejan una realidad ampliamente documentada por la investigación científica sobre el costo psicológico de los desastres ambientales. Una revisión sistemática y metaanálisis que examinó 107 estudios sobre el tema identificó que la exposición a inundaciones se asocia de forma directa con mayores probabilidades de desarrollar estrés postraumático, depresión y ansiedad. El análisis estadístico arrojó que las personas expuestas a estos eventos tienen el triple de probabilidad de presentar síntomas de estrés postraumático, además de un riesgo incrementado para la ansiedad y la depresión.
El estudio destaca, además, que estos efectos emocionales no ocurren en el vacío. Se intensifican ante factores como la exposición repetida al riesgo y la magnitud de las pérdidas materiales en el hogar (Yakubu et al., 2026. Esta evidencia cobra especial sentido al analizarla desde una perspectiva interseccional: el impacto de la crecida del río Nigua no afecta a todos por igual. Se cruza con el envejecimiento y la inestabilidad económica en el caso de Marino, con la desinformación previa y la falta de vivienda segura en el caso de Teresa, y con antecedentes médicos complejos, como un accidente cerebrovascular, en el de Esteban.
Es necesario hacer una precisión honesta: determinar en qué medida una crecida concreta del río Nigua responde al cambio climático requiere análisis de atribución y mediciones hidrológicas locales. A ello se suman variables territoriales, como el drenaje deficiente, el asentamiento en terrenos expuestos, la morfología de la cuenca y el deterioro de la infraestructura.
Esta precisión técnica no minimiza el sufrimiento de las familias. Al contrario, aporta la claridad necesaria para abordar la problemática en su verdadera dimensión: entender qué riesgos convergen, cómo se potencian y qué soluciones integrales pueden reducirlos.
En el país, esta mirada sistémica ya empieza a abrirse paso. El Informe de salud y adaptación al cambio climático en República Dominicana 2025 sitúa a la salud mental como un eje prioritario dentro de los impactos climáticos sobre la salud pública, al tiempo que advierte sobre las brechas en la capacidad de respuesta sanitaria y plantea acciones concretas para fortalecer la adaptación comunitaria, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Una demanda colectiva que exige seguridad física para proteger la salud mental de las familias afectadas por las crecidas del río Nigua.
La preocupación de las familias afectadas por la crecida de la cuenca del río Nigua-Yubazo, trasciende las vivencias individuales. La abogada Juana De Jesús, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en San Cristóbal y secretaria general del Consejo de Disciplina de la Comisión a nivel nacional, estima que más de 10,000 familias se ven afectadas directa o indirectamente cada vez que el río experimenta una crecida, por tratarse de la calle principal de la comunidad de Madre Vieja Norte.
La jurista advierte sobre el riesgo inminente que enfrenta la vía principal de acceso a los sectores Barrio Concentración y Barrio Nuevo. Por ello, eleva una exigencia formal para que el Estado complete de forma definitiva la construcción del muro de contención y protección del río Nigua-Yubazo en el margen correspondiente a Madre Vieja.
Aunque la cifra de 10,000 familias corresponde a su estimación y requiere contrastarse con empadronamientos oficiales, la representante legal enfatiza que es imprescindible documentar el estado actual de la obra, fiscalizar la ejecución de los recursos, identificar a los órganos gubernamentales responsables y transparentar qué medidas de mitigación se aplicarán para proteger a las comunidades mientras se completa la intervención estructural.
Desde el marco del derecho ambiental y social, la demanda de la abogada De Jesús plantea un principio fundamental: la protección frente a los desastres no es una concesión ni un acto de caridad, sino un deber del Estado que exige respuestas verificables, información pública y medidas concretas que reduzcan la vulnerabilidad del territorio. Cuando una vía de acceso principal colapsa, las consecuencias trascienden los daños materiales en las viviendas, paralizando la movilidad, el acceso a servicios esenciales de salud y la dinámica socioeconómica de miles de personas.
La infraestructura física es un pilar imprescindible de la prevención, pero la justicia ambiental demanda un abordaje sistémico: alertas tempranas y eficientes, planes de evacuación territorializados, participación comunitaria real y una política de atención psicosocial integrada de manera permanente en la preparación y respuesta ante emergencias.
Esta protección debe responder además a una mirada estrictamente interseccional. La capacidad de afrontar o recuperarse de una inundación está profundamente condicionada por la edad, el estado de salud, la movilidad reducida, los ingresos económicos y el tejido de apoyo social. Por eso, las medidas de gestión del riesgo y reparación deben priorizar de forma diferenciada a los adultos mayores, las personas con discapacidad, las familias con niños en primera infancia y aquellos hogares en situación de extrema precariedad económica.
El derecho a vivir sin miedo permanente
Las historias de Esteban, Teresa y Marino muestran que las inundaciones tienen una dimensión humana que no puede medirse únicamente por el nivel del agua, el número de viviendas afectadas o el coste de reparar una calle. También importa lo que sucede con la tranquilidad, la confianza y la sensación de seguridad de quienes viven bajo la amenaza de una nueva crecida.
Para Esteban, la lluvia trae el recuerdo del agua dentro de su casa. Para Teresa, despierta nerviosismo y desaliento asociados a la incertidumbre sobre la seguridad del terreno donde construyó su hogar. Para Marino, la situación está acompañada de enojo y de una demanda de respuesta institucional.
La adaptación climática debe incluir tanto la reducción del riesgo físico como la protección del bienestar emocional y social. Esto implica mejorar la infraestructura, informar a las comunidades, garantizar mecanismos de participación y asegurar que las personas afectadas puedan acceder a atención psicológica cuando la necesiten.
En San Cristóbal, el río Nigua plantea preguntas que exigen una respuesta integral: qué está ocurriendo en el territorio, qué medidas de protección faltan, cómo se preparan las familias y qué acompañamiento reciben quienes viven con el temor de una nueva inundación. Porque una comunidad no debería tener que esperar cada lluvia preguntándose si perderá su casa, su calle o su tranquilidad. Proteger la salud mental también significa reducir los riesgos evitables y construir las condiciones para que las personas puedan sentirse seguras en el lugar donde viven.
